
El director de la Fundación Juana de Vega, José Manuel Andrade, advierte de que la falta de rentabilidad de las explotaciones agrarias está comprometiendo el relevo generacional y, con ello, el futuro productivo del rural gallego y de la soberanía alimentaria.
En este sentido, indica que Galicia afronta una situación “compleja y de difícil solución”, marcada por el envejecimiento de los titulares de las explotaciones agrarias y por el cierre progresivo de actividades productivas, incluso en sectores estratégicos. Además, subraya que la falta de recambio generacional no es solo una cuestión demográfica, sino un riesgo directo para la capacidad de Galicia de producir alimentos y gestionar su territorio.
Estas son las principales conclusiones de su participación en la mesa redonda “Sin relevo no hay soberanía alimentaria: juventud, mujer y futuro del rural”, que tuvo lugar este jueves en el marco de O Encontro Sober 2026: Diálogos Rural e Industria, organizado por CESUGA.
Durante su intervención, se refirió al vacuno de carne, con una elevada edad media de los titulares y un proceso acelerado de desaparición de explotaciones, especialmente las de menor dimensión, que cumplen un papel clave en la gestión del territorio. También destacó el caso del sector lácteo, donde, a pesar de tratarse de una actividad competitiva y con un peso determinante en la economía agraria gallega, están cerrando explotaciones viables por la dificultad para asegurar su continuidad, lo que limita la capacidad de mantener y aumentar la producción. En el ámbito vitivinícola, señaló igualmente un abandono progresivo en determinadas zonas tradicionales, asociado a la baja rentabilidad y a la fragmentación de la propiedad.
Una radiografía más amplia de estos tres sectores —el vacuno de carne, el lácteo y el vitivinícola— puede consultarse en los informes sectoriales elaborados por la Fundación Juana de Vega, disponibles en su página web: [https://juanadevega.org/publicaciones].
La rentabilidad, condición imprescindible
Andrade fue especialmente claro al identificar la raíz del problema y advirtió de que no puede abordarse únicamente desde la acción pública: “No puede haber relevo si no hay rentabilidad, y eso no es solo una responsabilidad de la administración, sino del conjunto de la cadena de valor.”
En este sentido, subrayó que garantizar ingresos dignos para los productores no depende exclusivamente de las políticas públicas, sino también del comportamiento de la industria y de la distribución, que tienen un papel determinante en la formación de precios. Según explicó, sin una retribución adecuada del trabajo agrario será imposible consolidar la renovación generacional y mantener la capacidad productiva en el territorio.
Un nuevo perfil de emprendedores en el rural
Desde la experiencia de la Fundación Juana de Vega con su Programa de Apoio a Empresas Agroalimentarias, que cursa actualmente la 14ª edición, Andrade destacó también la aparición de un nuevo perfil de emprendedores en el sector agroalimentario: personas formadas, con experiencia profesional previa y con una visión empresarial clara. Según indicó, alrededor del 70% de las personas participantes en el programa de la Fundación cuentan con estudios universitarios y muchas de ellas proceden de otros ámbitos profesionales, lo que refleja una creciente capacidad de atracción del rural cuando existen oportunidades reales.
En este sentido, señaló que los proyectos que nacen en el ámbito agroalimentario presentan niveles de supervivencia superiores a la media del emprendimiento en general, lo que evidencia el potencial del sector cuando se dan las condiciones adecuadas.
El papel de la mujer y los condicionantes del rural
En relación con la presencia de las mujeres en el sector, Andrade destacó su peso creciente tanto en la titularidad de explotaciones como en el emprendimiento, con una presencia próxima al 40% en los procesos de incorporación. Asimismo, señaló que, desde la experiencia de la Fundación Juana de Vega, alrededor del 38% de los proyectos presentados están liderados por mujeres.
Según indicó, las barreras estructurales para emprender son las mismas para hombres y mujeres, pero existen condicionantes adicionales, especialmente relacionados con la conciliación de la vida personal y familiar y con la falta de servicios en el rural, que pueden afectar en mayor medida a las mujeres, aunque consideró que esta realidad está evolucionando de forma progresiva.
Políticas públicas más coordinadas y orientadas al territorio
Durante el debate, Andrade hizo también hincapié en la necesidad de superar una visión sectorial de las políticas públicas y avanzar hacia un enfoque integral del desarrollo rural. En su intervención apuntó que muchas normativas y marcos administrativos están diseñados pensando en entornos urbanos y acaban dificultando el desarrollo de actividades económicas en el rural.
En este contexto, se refirió a la necesidad de avanzar hacia modelos de gobernanza más coordinados, con una mayor cooperación público-privada y con una planificación territorial adaptada a la realidad del rural gallego. Estos son algunos de los ejes centrales del Foro Territorio Rural Resiliente, una iniciativa coorganizada por la Fundación Juana de Vega que reúne a más de 120 personas expertas y representantes de distintos ámbitos para formular propuestas orientadas a construir un rural más activo, resiliente y preparado para afrontar los retos económicos, demográficos y ambientales. El proceso culminará el próximo 28 de mayo en Santiago de Compostela con un encuentro final en el que se presentarán las conclusiones y líneas de acción compartidas.
Andrade puso sobre la mesa varios ejemplos que evidencian las dificultades que encuentran muchas iniciativas empresariales para desarrollarse en el rural gallego debido a la falta de adaptación normativa al territorio. Como ejemplo, mencionó casos reales de empresas gallegas que encontraron importantes dificultades administrativas para crecer. Se refirió, entre otros, a una quesería como Queizuar, que tardó más de una década en poder ampliar sus instalaciones debido a cuestiones urbanísticas, y al caso de Casa Grande de Xanceda, que tuvo que recurrir a figuras excepcionales para poder desarrollar su proyecto, evidenciando la falta de adaptación de las políticas públicas a la realidad del territorio. “Necesitamos políticas públicas coordinadas, coherentes y pensadas para favorecer, y no dificultar, el desarrollo de actividad económica en el rural”, reflexionó.
Un reto que va más allá de la política agraria
Para concluir, Andrade insistió en que la transición generacional no se resolverá únicamente con medidas agrarias, sino que requiere una actuación más amplia que incluya vivienda, servicios, conectividad y mejora de las condiciones de vida en el rural. Su intervención se cerró con un mensaje claro: “Sin rentabilidad no hay relevo posible, y sin relevo no hay futuro para el rural ni soberanía alimentaria”.
