Oleiros, 18 de diciembre de 2019.- La Fundación Juana de Vega, en colaboración con la Fundación Isla Couto y la Universidad de Vigo, presentó hoy el informe “Impacto económico de la energía eólica en medio rural gallego: Contexto, cambios y oportunidades”, elaborado por el Observatorio Eólico de Galicia (OEGA). El OEGA nace de la colaboración entre la Fundación Juana de Vega, la Fundación Isla Couto y la Universidad de Vigo. Investigadores de los grupos de investigación en Economía Ecológica, y Red, los profesores Xavier Simón, María Montero y Damián Copena, fueron los responsables de su elaboración.

El informe, estima que el impacto que tuvo la energía eólica en los propietarios y ayuntamientos en medio rural gallego fue de 27,86 millones de euros en 2017, (mediante alquileres, expropiaciones, IBI, IAE, ICIO y Canon eólico), alrededor del 5% de la facturación total estimada por la venta de energía procedente de los parques eólicos. Las compensaciones medias que reciben los Ayuntamientos multiplican por 12 las que reciben los propios propietarios de las tierras eólicas. Tal y como se señala en el texto, el Observatorio Eólico de Galicia considera que esas rentas podrían ser superiores sin que eso comprometiera el proceso de transición energética.

El desarrollo del sector eólico en Galicia tuvo lugar gracias a la combinación de dos factores: existencia de recurso eólico en muchas áreas de Galicia y vigencia de un marco regulador que favoreció la puesta en marcha de las centrales eólicas. “Somos muy conscientes de que la energía eólica es el petróleo de Galicia”, afirmó el presidente de la Fundación Juana de Vega, Enrique Sáez. “La energía eólica, y las energías renovables en general, son un patrimonio muy importante para Galicia por lo que hay que regular quien accede a ellas y de qué manera”.

El sistema diseñado para la implantación de la energía eólica tuvo como objetivo fundamental a colocación del mayor número posible de parques eólicos. Sin embargo, desde el punto de vista del Observatorio Eólico de Galicia, no se tuvo suficientemente en cuenta los impactos económicos en el mundo rural. Por una parte, el marco regulador no les concedió a los habitantes del mundo rural ni a los propietarios de los terrenos afectados por las centrales eólicas capacidad de decisión, sin poder tener un papel en la planificación del desarrollo eólico y sin la capacidad de autogestionar el recurso viento.

Por otra parte, el marco regulador otorgó a las empresas promotoras derechos claves que explican el éxito en la instalación de parques eólicos. Por ejemplo, el derecho de solicitar la declaración de utilidad pública de los parques eólicos en tramitación administrativa con la consiguiente posibilidad de la expropiación de los terrenos eólicos afectados por las centrales.

Hubo algunas excepciones, llevadas a cabo por algunos Ayuntamientos que tuvieron la oportunidad de desarrollar pequeños parques eólicos, como fue el caso de los denominados parques eólicos singulares. Además, desde 2010, los Ayuntamientos también se benefician de nuevos ingresos vinculados con el impacto paisajístico de los parques eólicos que son recaudados por medio del Canon Eólico y repartidos entre los ayuntamientos siguiendo diversos criterios. Los ayuntamientos también son los receptores de diversos impuestos que recaen sobre los parques eólicos por lo que mejoran su tesorería y benefician indirectamente a las comunidades rurales.

El marco regulador determinó todos los aspectos vinculados con el desarrollo eólico, y por lo tanto la naturaleza, tipo y alcance de la participación de las comunidades rurales, incluida su participación en los beneficios producidos. En el caso gallego la legislación eólica sufrió diversas modificaciones desde el Decreto 205/1995, el primero Decreto eólico de una Comunidad Autónoma, hasta los recientes cambios de finales del año 2017, donde se fijan unas modificaciones normativas que tratan de impulsar la instalación de nueva potencia eólica después del parón eólico iniciado en 2008.

El representante de la Fundación Isla Couto, Xavier Martínez Cobas, habló sobre la importancia de la existencia de un organismo independiente como el OEGA que monitorizara, recopilara y analizara todos estos datos. “En el contexto actual, en el que estamos asistiendo a una transformación histórica de las fuentes de energía es necesario poner en valor y dotar de instrumentos y de información a la gente, para que puedan participar de manera más equilibrada en los procesos de negociación con las empresas eólicas”.

Propuestas de cambio en la organización del sector eólico en Galicia

El director del observatorio y profesor de la Universidad de Vigo, Xavier Simón, explicó los dos tipos de medidas que, desde el Observatorio Eólico de Galicia, consideran que mejorarían la situación actual. Entre las propuestas dentro del marco normativo actualmente vigente destaca el fomento de que los impuestos con gestión municipal se configuren con los tipos de gravamen en los máximos, el incremento de la justicia distributiva de la totalidad del recaudado en el Canon Eólico, así como la definición y apuesta de un contrato tipo que ampare a todas las partes y el incremento del nivel de transparencia. Entre las modificaciones normativas que permitirían continuar con el proceso de transición energética dando mayor participación al mundo rural e incrementando los flujos de renta y la distribución de la energía generada por la energía eólica, el OEGA destaca el fomento de parques eólicos comunitarios, la recuperación del deber legal de justificar los motivos por los que no se llega a acuerdo entre propietarios y promotores y el cambio del diseño del Canon Eólico y del Fondo de Compensación Ambiental. También sería necesaria la recuperación de la figura de los parques eólicos singulares, los protocolos de comunicación entre promotores y actores locales además de ofertar la participación en el capital social de las empresas eólicas.

El objetivo es que este proceso de transición energética se realice mejorando la distribución de rentas entre todos los agentes de la “cadena de valor” eólica, contribuyendo al desarrollo del espacio rural gallego.

El informe puede ser descargado gratuitamente presionando aquí.