Pequeño avance, pero avance al fin y al cabo, en la reunión que han mantenido los ministros de Medio Ambiente de la UE en Luxemburgo sobre el cambio climático. Los ministros acordaron reconocer un objetivo comunitario de reducir las emisiones de CO2 respecto a 1990, entre el 80% y el 95% para el año 2050, siempre y cuando el resto de países industrializados acepten tal compromiso.
Este acuerdo fija las posiciones comunes de los Veintisiete antes de la Cumbre del Clima de la ONU, que se celebrará en diciembre en Copenhague (Dinamarca).
Para la secretaria de Estado española de Medio Ambiente, Teresa Ribera, este paso «marca con claridad el objetivo a largo plazo para el conjunto de los países industrializados», y «confirma la voluntad de trabajar hacia una economía neutra en carbono». Además, Ribera ha añadido que «resulta especialmente importante de cara a fijar el nivel de ambición que esperamos del resto», en referencia a los países industrializados que quedan fuera de este principio de acuerdo.
La UE también manifestó su «fuerte voluntad» de elevar la ambición de reducción del 20 al 30 por ciento en 2020, si los demás actores internacionales realizan «esfuerzos comparables», indicó en rueda de prensa la Presidencia sueca de turno de la UE. Esta oferta había sido puesta en duda durante las últimas semanas por la falta de avance en las negociaciones internacionales y ante el riesgo de que otros países dieran por sentado que el 30% era el punto de partida de la UE y no una oferta condicionada.
Tras el fracaso de ayer de los ministros de Economía y Finanzas, incapaces de adoptar ninguna decisión sobre ayudas financieras, los titulares de Medio Ambiente intentaron hoy enviar un mensaje claro de compromiso de cara a Copenhague, pero lo lograron sólo a medias y a base de evitar entrar en detalles en algunas de las cuestiones más polémicas.
Una de esas cuestiones es la decisión de permitir o no el uso de los derechos de emisión que les asignó el Protocolo de Kioto (que expira a finales de 2012). La decisión final se ha pospuesto y se han limitado a recalcar que esta cuestión «podría afectar a la integridad medioambiental de la Unión Europea».
Reducción de emisiones en transporte marítimo y aéreo
Los titulares europeos también aprobaron una reducción en 2020 de las emisiones del transporte marítimo y la aviación del 20 y el 10 por ciento, respectivamente, respecto a los niveles de 2005.
El Protocolo de Kioto no había fijado ningún objetivo para estos sectores por lo que, si la medida queda reflejada en el acuerdo de Copenhague en diciembre, introducirá un cambio importante para limitar el impacto de sus crecientes emisiones.
La UE ya había aprobado el año pasado incluir la aviación en el sistema comunitario de comercio de derechos de emisión (ETS en inglés) a partir de 2012, y obligar a las aerolíneas a recortar sus emisiones en un 5 por ciento, al tener que limitarlas al 95 por ciento del nivel anual de referencia, calculado a partir de la media entre 2004 y 2006.
La nueva exigencia significa que las aerolíneas tendrán que hacer un esfuerzo mayor y reducir sus emisiones al 90 por ciento en lugar de al 95 por ciento.
En cuanto al transporte marítimo, hasta ahora no existía ninguna medida comunitaria para controlar sus emisiones, por lo que el potencial de reducción es aún mayor.
Greenpeace lo considera insuficiente
La organización ecologista Greenpeace consideró en un comunicado que los avances de hoy son insuficientes para salir del bloqueo actual en las negociaciones internacionales, y afirmó que el Consejo Europeo de los próximos jueves y viernes en Bruselas, es la última oportunidad de la Unión para impulsar el acuerdo.
La propuesta de la organización Greenpeace insta a los países desarrollados a reducir sus emisiones en «al menos» el 40% para 2020 (y no un 30, como acordaron los ministros). Para 2050, los ecologistas consideran que el conjunto de las emisiones mundiales «tendrá que haber bajado un 80%», lo que significa «que los países desarrollados tendrán que haber reducido a lo más cerca de cero sus emisiones», en palabras del responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, José Luis García.
Fuente: Público